TIroteo en Georgia: El debate sobre la decisión de inculpar a los padres cuando sus hijos son responsables de un tiroteo en EE.UU. – BBC News Mundo

Colin Gray, de 54 años, ahora enfrenta dos acusaciones de homicidio en segundo grado, cuatro cargos de homicidio involuntario y ocho cargos de cometer actos de crueldad en contra de menores.

Si es hallado culpable se enfrenta a una condena de 180 años en prisión.

Las acusaciones en contra de Colin se basan en que él “hizo de forma consciente que su hijo tuviera un arma”, de acuerdo a Chris Hosey, director de la Oficina de Investigación de Georgia.

Los dos principales cargos en su contra -homicidio en segundo grado- corresponden a los dos menores que resultaron muertos en el ataque: Christian Angulo y Mason Schermerhorn, ambos de 14 años.

En el tiroteo también murieron dos maestros: Richard Aspinwall, de 39 añosy, y Cristina Irimie, de 53 años.

Ahora, las acusaciones de homicidio en segundo grado se deben en parte a cómo están escritas las leyes en Georgia.

De acuerdo al código penal del estado, una persona comete homicidio en segundo grado cuando “al perpetrar actos de crueldad contra menores de edad en segundo grado, él o ella causan la muerte de otro ser humano, independientemente de la malicia”.

Con los fiscales haciendo estas acusaciones apenas 24 horas después del tiroteo, los expertos advierten que los hechos apenas se están conociendo y que quedan muchas cosas por aclarar, especialmente en el tema legal.

“Hay una conexión entre las muertes y ‘cometer actos de crueldad en contra de menores'”, le dice a la BBC Evan Bernick, profesor de leyes en la Universidad de North Illinois.

“Pero ¿está la crueldad relacionada con el tiroteo o es su crueldad con su hijo la que tal vez pudo haber conducido a este a cometer el tiroteo? No lo sabemos aún”, agrega.

Su hijo va a ser enjuiciado como un adulto, lo que significa que el sistema de justicia va a tratar este caso como alguien que es totalmente responsable de sus acciones.

Pero eso no significa que su padre vaya a evitar un castigo, señala Bernick.

El fondo del argumento legal no será que Coling Gray quería que se produjera el tiroteo, sino que “falló a la hora de intervenir y esa falla fue negligente en un sentido que justifica hacerlo parte del homicidio”.

En todo Estados Unidos, existen leyes que castigan a los padres o tutores por todo tipo de cosas, desde ausentismo escolar y conducción de menores hasta robo en tiendas y vandalismo.

Pero fiscales del estado de Michigan expandieron el alcance de tales estatutos legales a principios de este año cuando presentaron cargos contra los padres de otro adolescente autor de un tiroteo.

James y Jennifer Crumbley fueron hallados culpables de homicidio involuntario y condenados a 10 años de cárcel porque “su negligencia como padres contribuyó a que su hijo, Ethan, de 14 años, matara a cuatro de sus compañeros de clase” en 2018.

La decisión de este jueves de acusar al padre de Colt de homicidio en segundo grado -que es una acusación mucho más grave- puede desafiar los límites legales de la responsabilidad parental.

Eve Brank, psicóloga y profesora en la Universidad de Nebraska-Lincoln, investiga cómo las leyes intervienen y algunas veces interfieren con las decisiones que se toman en una familia.

Bajo su punto de vista, este concepto que está emergiendo de castigar a los padres después de un tiroteo refleja la frustración en todo EE.UU. hacia la violencia con armas y, en ausencia de reformas que la regulen, la incapacidad del país de detener los tiroteos que cada vez son más frecuentes y mortales.

“No es que estemos creando una serie de leyes nuevas para solucionar este problema. Lo que estamos haciendo es usar de una forma creativa las que hay para tratar este tema”, le explica Brank a la BBC.

“Y en términos de lo que muestran las investigaciones, más personas están de acuerdo en que hay muchas influencias en el comportamiento de los niños, no solo la de sus padres”, añade.

Pero Brank admite que los fiscales en Georgia tienen información que todavía no es pública sobre el caso y cree que ellos puedan argumentar de forma exitosa que, como en el caso de los Crumbley, las acciones de Colin Gray fueron particularmente negligentes.

Tim Carey, un consejero legal en el Centro Johns Hopkins para la Solución de la Violencia con Armas, argumenta que acusar a los padres es también un reflejo de las políticas de seguridad con armas.

El estado de Georgia se ha mostrado “muy preocupado por las políticas de prevención de la violencia armada”, dice, y los fiscales quizá sientan “que solo pueden tratar de generar un sentido de justicia o represalia después del hecho, en parte porque no pudieron evitar” tal tragedia.

A algunos juristas les preocupa que ampliar el conjunto de herramientas que los fiscales pueden utilizar después de un tiroteo pueda tener consecuencias no deseadas.

“Sabemos que tenemos un problema de violencia y armas en nuestra sociedad”, le dice a la BBC Ekow Yankah, profesor de derecho y filosofía en la Universidad de Michigan.

“Y en lugar de abordarlo con poderes sistémicos y regulatorios, nos tranquilizamos con este tipo de proceso extraordinarios”.

Pero Yankah advierte que los fiscales ahora están armados con “un martillo” con el que pueden golpear a otros, incluidas las familias pobres de grupos minoritarios y las familias monoparentales.

“Los tiroteos en las escuelas son muy visibles… pero me preocupan los casos que no aparecerán en las noticias”, anota.

Y aunque los padres corren ahora un mayor riesgo de ser penalizados por las acciones violentas de sus hijos, se ha avanzado menos en lo que es el acceso generalizado a las armas de fuego o en la disponibilidad de recursos de salud mental para los niños con dificultades.

“Nuestra respuesta predeterminada a problemas sociales muy profundos en Estados Unidos es incorporar el aparato del derecho penal”, concluye Bernick.

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